El delito afecta más la operación de los negocios chicos, aunque los medianos sean víctimas con más frecuencia. Las medidas con mejor evidencia para reducirlo se organizan por calle o por zona, y en México ninguna se ha evaluado con un diseño causal.
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Más de la mitad de lo que el delito les cuesta a los negocios se gasta en prevenirlo.
La ENVE 2024 del INEGI, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, estima que en 2023 el delito y la inseguridad costaron a los negocios 124.3 mil millones de pesos a precios de 2018, equivalentes al 0.51% del PIB. De esa suma, 67.2 mil millones (54%) fueron gasto en medidas para no ser víctima; el resto, pérdidas por los delitos sufridos. A cada establecimiento le tocaron en promedio 54,451 pesos en 2023, contra 50,145 en 2021.
El propio INEGI advierte que su cifra «no incluye los impactos indirectos como reducción de horarios de producción o comercialización, cancelación de inversiones, entre otros». Según la presentación de resultados de la ENVE 2024, en 2023 el 19.8% de los establecimientos redujo horarios por la delincuencia y el 15.1% canceló inversiones. Nada de eso está en los 124.3 mil millones.
En la comparación regional, la proporción mexicana es alta. En la Enterprise Survey 2023 del Banco Mundial, con 1,322 empresas formales de cinco o más empleados, el 29.0% de las mexicanas señaló el delito, el robo y el desorden como su mayor obstáculo, cuatro veces el 6.9% de América Latina y el Caribe. Sólo la corrupción quedó por encima.
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Los negocios medianos son víctimas más seguido, pero a los pequeños el delito les pesa más.
Según la ENVE 2024, el 27.2% de los negocios fue víctima de algún delito en 2023, y la proporción sube con el tamaño hasta los medianos: 26.3% de los micro, 40.7% de los pequeños y 49.0% de los medianos. En los grandes fue 47.3%, casi lo mismo que en los medianos. El comercio fue el sector más afectado, con 31.5%, el mismo cuya vida corta se analiza en El comercio en México: número de negocios y esperanza de vida. En pesos, la distancia es mayor: en 2023, a un negocio grande el delito le costó en promedio 1,367,366 pesos, unas 42 veces los 32,380 de uno micro.
Negocios que fueron víctimas de algún delito, por tamaño
Porcentaje de los establecimientos de cada tamaño, 2023
Cuando se pregunta cuánto estorba el delito para operar, el orden se invierte. En la encuesta del Banco Mundial de 2023, el 33.9% de las empresas pequeñas, de 5 a 19 empleados, lo puso como su principal obstáculo; entre las grandes, de 100 o más, lo hizo el 7.6%. Según el INEGI, además, el costo promedio del micronegocio subió 17.7% en términos reales entre 2021 y 2023, mientras el del grande bajó 0.4%.
La investigación con datos de microempresas mexicanas también registra efectos. Con esas encuestas, Pearlman (2014) encontró caídas en el ingreso y en el número de empleados asociadas al robo y la extorsión, y no a los sobornos ni a las multas de funcionarios. El mecanismo por el que el cobro afecta más al negocio chico se midió en Sicilia: según Balletta y Lavezzi (2023), lo que pide la mafia no crece en proporción al tamaño del negocio, y se lleva cerca de 40% de las utilidades de una empresa pequeña, contra 2% de las de una grande.
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La extorsión que más se intenta es la que menos se paga.
La extorsión común llega por teléfono. La que se presenta en la puerta es rara, pero es la que más veces termina en pago.
La extorsión es el delito más frecuente contra los negocios, y el primero en los micro y los pequeños. La ENVE 2024 contó 1,562 extorsiones por cada 10 mil establecimientos en 2023, por delante del robo o asalto de mercancía, con 1,030. De las 747 mil extorsiones de ese año, según la misma encuesta, el 84.1% fue por teléfono y el 15.2% ocurrió en la calle, en el establecimiento o como cobro de piso.
La diferencia está en quién paga. Según el INEGI, en 2023 se entregó lo que pedían en el 14.9% de todas las extorsiones y en el 67.0% de las presenciales. De esos porcentajes se deduce que cerca de dos de cada tres extorsiones pagadas fueron presenciales, aunque éstas fueran apenas una de cada siete. Como la mayoría de los intentos no se paga, en la ENVE 2024 la extorsión es el delito de menor costo por caso: 8,967 pesos en promedio en 2023, contra 24,030 del robo de mercancía.
Extorsiones a negocios por canal y casos en que se entregó lo que pedían
Porcentaje de las extorsiones, 2023
Parte del total de extorsionesSe entregó lo que pedían
La extorsión tampoco se distribuye de forma uniforme. Con microdatos de una edición anterior de la misma encuesta, Estévez-Soto, Johnson y Tilley (2020) encontraron que se concentra en pocos negocios que la sufren de manera repetida. Si ha subido o bajado desde 2023, las cifras de denuncia no lo dicen: la denuncia creció con la campaña de la línea 089, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cambió su método de registro en febrero de 2026. La medición comparable es la ENVE 2026, con datos de 2025.
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Lo que tiene mejor evidencia se hace por calle o por zona, no local por local.
Las medidas que toman los negocios mexicanos son individuales y defensivas. En 2023, según el INEGI, el 26.0% cambió o puso cerraduras, el 20.6% instaló alarmas o cámaras y apenas el 3.9% pagó vigilancia privada. Ese año sólo se denunció el 12.2% de los delitos. La encuesta describe estas medidas, pero no mide si funcionan.
La evidencia sobre qué funciona viene casi toda de países de ingreso alto. En un metaanálisis de cuatro décadas de evaluaciones, Piza, Welsh, Farrington y Thomas (2019) encontraron que las cámaras se asocian con una reducción modesta del delito, mayor cuando alguien las vigila en vivo y se combinan con otras medidas. Los distritos de mejora comercial, donde los comercios de una zona pagan juntos limpieza y vigilancia, redujeron al menos un tipo de delito en 8 de 9 evaluaciones revisadas por Moir, Cairns, Prenzler y Rayment-McHugh (2024), y rara vez empujaron el delito a otras calles.
Un resultado en sentido contrario proviene de América Latina. En 2016, Bogotá duplicó el patrullaje e intensificó los servicios municipales en calles de mucho delito, con un experimento sobre 1,919 calles asignadas al azar, y no logró reducciones significativas. Según Blattman, Green, Ortega y Tobón (2021), puede descartarse una baja total mayor a 2%, en parte porque el delito contra la propiedad se mudó a las calles vecinas.
Contra el cobro de piso, lo más documentado también es colectivo. En Palermo, el movimiento Addiopizzo, de comerciantes y consumidores que se niegan a pagar, se asocia con menos pagos de protección a lo largo de 15 años, según el estudio de caso de Lipari y Andrighetto (2020).
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En México todavía nadie ha medido qué reduce el delito contra los negocios.
No se halló una evaluación causal pública de ninguna política mexicana contra la extorsión, sea la línea 089, las unidades antiextorsión de los estados, la estrategia nacional o la Ley General contra la extorsión, publicada en el Diario Oficial el 28 de noviembre de 2025, ni de las cámaras, los seguros o los acuerdos entre comerciantes de una misma calle. Las cifras de denuncia miden la actividad de las autoridades y la disposición a denunciar; la incidencia sólo la mide la encuesta, cada dos años y sobre lo que ya pasó.
Sin estudios que comparen zonas con y sin esas medidas, la evidencia disponible para decidir cuánto gastar en protección proviene de Bogotá, Palermo y ciudades de Estados Unidos. La encuesta del INEGI sí muestra la composición del gasto: en 2023, los negocios destinaron más a evitar el delito que lo que perdieron por sufrirlo.
