Formalizarse comprende varios pasos: darse de alta ante el fisco, inscribir a los trabajadores en el IMSS y declarar sus salarios completos. Cada uno trae obligaciones que continúan después. Junto con el resultado del SARE, la evidencia revisada coincide en un segundo punto: quienes ganan al formalizarse son sobre todo los negocios que ya funcionan como empresa y encuentran del otro lado algo concreto.
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Más de la mitad de quienes trabajan en México lo hace en la informalidad, y no toda está en negocios sin registro.
Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, en el segundo trimestre de 2026 trabajaban en la informalidad 33.1 millones de personas, 55.1% de la población ocupada. De ellas, 18.2 millones estaban en lo que la encuesta llama sector informal: negocios no agropecuarios que funcionan con los recursos del hogar, sin constituirse como empresa y sin registros contables. Lo que cambia cuando un negocio lleva sus cuentas se analiza en Separación de finanzas y registros contables en el negocio pequeño.
Otros 7.5 millones trabajaban sin seguridad social para empresas, gobiernos o instituciones registrados, según la misma ENOE de 2026. Estar dado de alta no vuelve formal todo lo que ocurre dentro del negocio, y tampoco inscribir a los trabajadores: según Kumler, Verhoogen y Frías (2020), declarar al IMSS salarios por debajo de los reales es una práctica extendida, más en las empresas pequeñas que en las grandes.
Muchos negocios dan estos pasos cuando ya operan. Según las Enterprise Surveys del Banco Mundial, 76.6% de las empresas formales mexicanas de cinco o más empleados encuestadas en 2023 estaba registrada cuando empezó a operar, contra 94.1% en 2006. Casi una de cada cuatro se formalizó en el camino.
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Un negocio micro con local fijo hizo en promedio 16 trámites ante el gobierno en 2020.
La carga regulatoria sobre quien ya opera la mide la ENCRIGE 2020 del INEGI. Es la encuesta oficial sobre lo que cuesta a las empresas privadas con local fijo cumplir con trámites, permisos e inspecciones, y no ha tenido una edición más reciente. En 2020, los negocios micro hicieron en promedio 16.3 trámites, pagos o solicitudes ante el gobierno, y los grandes, 98.4. Para 28.2% de los negocios, ese año el marco regulatorio fue un obstáculo para sus objetivos, y las empresas pequeñas fueron las que más lo señalaron.
Como la ENCRIGE pregunta a negocios que ya operan, describe el costo de cumplir con la regulación de forma continua, no el de dar el paso.
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En México, abrir una empresa más rápido creó negocios nuevos, pero casi no regularizó a los que ya existían.
Los dueños con perfil de empresa se registraron más. Los demás encontraron en la reforma un empleo, no un registro.
El Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) redujo desde 2002 de 30.1 a 1.4 días el tiempo para abrir un negocio en algunos de los municipios más poblados, según la revisión de Bruhn y McKenzie (2014). Cada municipio lo adoptó en una fecha distinta, lo que permitió comparar a los que ya lo tenían con los que aún no. Es lo más cercano a un experimento sobre el registro de negocios que existe en el país.
Miriam Bruhn (2011) encontró que el aumento de 5% en los dueños de negocios registrados vino de antiguos asalariados que abrieron un negocio propio, no de informales que se registraron. Con las altas de empresas en el IMSS, Kaplan, Piedra y Seira (2011) midieron cerca de 5% más aperturas al mes en las actividades que podían usar el sistema, concentradas en los primeros 15 meses. Juzgaron ese efecto mucho menor que el anunciado por el Banco Mundial y las autoridades mexicanas.
Un segundo análisis, de Bruhn (2013), descompone el promedio. Algunos dueños informales se parecen más a un asalariado que a un empresario: tras la reforma se registraron menos y pasaron más a un empleo, en los puestos que abrieron los negocios nuevos. Otros se parecen a los dueños de empresas formales, y ésos sí se registraron más, aunque sólo en los municipios donde las barreras previas eran altas.
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En los experimentos con negocios informales, informar o pagar el registro movió a pocos.
No se hallaron experimentos en México que ofrecieran a negocios informales información o dinero para registrarse; en otros países, sí. En Sri Lanka, según de Mel, McKenzie y Woodruff (2013), informar y reembolsar los costos directos no aumentó el registro. Pagar el equivalente a medio mes o un mes de la utilidad del negocio mediano registró a cerca de una quinta parte, y pagar dos meses, a cerca de la mitad. Entre 15 y 31 meses después, los registrados ganaban más en promedio, pero la diferencia se concentró en unas pocas empresas que crecieron rápido.
En Belo Horizonte, Brasil, la información y el registro gratuito tuvieron efecto nulo o negativo, y sólo las visitas de inspectores subieron la formalización, entre 21 y 27 puntos porcentuales entre los negocios visitados, según de Andrade, Bruhn y McKenzie (2014). En Benín, un paquete completo de apoyos la subió 16.3 puntos, pero los negocios formalizados no vendieron ni ganaron más, según Benhassine y sus coautores (2018). Un metaanálisis de 842 estimaciones en 27 estudios publicados hasta 2019, de Floridi, Demena y Wagner (2020), no encontró que las intervenciones evaluadas aumentaran la formalización.
El peso de la informalidad en la economía es amplio. Según la Medición de la Economía Informal del INEGI, en 2024 la informalidad ocupó a 54.4% de quienes trabajan y generó 25.4% del PIB. Para el micronegocio informal típico de esos experimentos, en cambio, formalizarse rara vez produjo una ganancia neta.
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La formalidad le rinde al negocio cuando le abre algo concreto.
En Bolivia, registrarse ante el fisco elevó las utilidades de los negocios de tamaño medio de la muestra y las redujo en los más chicos y en los más grandes, según McKenzie y Sakho (2010). Los registrados emitieron más comprobantes fiscales y vendieron más, sin cambios en el crédito bancario. En Brasil, el régimen SIMPLES de 1996, que bajó impuestos y simplificó el trámite, aumentó la formalidad, y los negocios nuevos que operaban formalmente tuvieron más ingresos, utilidades y empleados, según Fajnzylber, Maloney y Montes-Rojas (2011).
En México, el mismo mecanismo aparece en sentido inverso. Cuando el Seguro Popular empezó a ofrecer, desde 2002, salud casi gratuita a quienes no cotizaban, bajó el número de patrones y empleados registrados en el IMSS en empresas de hasta 50 empleados, según Bosch y Campos-Vázquez (2014): si el beneficio llega sin registrarse, el registro atrae menos. En más de 480,000 inspecciones laborales asignadas al azar, Samaniego de la Parra y Fernández Bujanda (2024) encontraron que inspeccionar subió por un tiempo la formalización de trabajadores sin IMSS, pero también las separaciones. Las empresas quedaron con menos empleo formal de manera persistente.
Para un negocio pequeño, estos resultados desplazan la pregunta del costo del trámite a lo que la formalidad le abre: un cliente que exige comprobante fiscal, la posibilidad de contratar con seguridad social o un régimen con impuestos más bajos. En varios estudios, ese acceso aparece para el negocio que ya funciona como empresa y busca crecer; para el que sostiene a una familia mientras llega un empleo, casi nunca. Las obligaciones y el régimen que corresponden a cada caso son materia de la asesoría fiscal y quedan fuera del alcance de este texto.
La evidencia mexicana sobre el registro de negocios se refiere al SARE de los años 2000. No se hallaron evaluaciones causales publicadas del Régimen de Incorporación Fiscal, vigente de 2014 a 2021, ni del RESICO, vigente desde 2022, dos regímenes pensados para los contribuyentes pequeños.
